viernes, 13 de septiembre de 2013

Pérez-Villamil y la Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País




Pérez-Villamil y la Sociedad Económica
Mallorquina de Amigos del País *

Jesús Mella


Quiero comenzar expresando a la Asociación de Amigos de la Historia de Puerto de Vega y a su entusiasta presidente Servando Fernández mi agradecimiento por la deferencia que para conmigo ha tenido al invitarme a este acto  -de profundo significado para Puerto de Vega y esta comarca de Asturias-  y poder dirigirme a todos ustedes, algo que hacemos con sumo gusto.

No hace un año, en esta misma localidad de Veiga, una personalidad del occidente asturiano, bien conocido de todos, disertaba sobre la figura de Juan Pérez-Villamil y Paredes desde una triple perspectiva: como jurista, como político y como historiador.

En aquella conferencia de 10 de agosto pasado, organizada por la Universidad de Oviedo, el Ayuntamiento de Navia y la Asociación de Amigos de la Historia, con motivo de un curso de Extensión Universitaria sobre el tema “El Occidente y su Historia”, el Sr. Pérez de Castro  -repito- trazó una semblanza general de nuestro personaje (tan vinculado a Navia y Valdés, por ser sus padres oriundos de dichos concejos) sin perder de vista la triple vertiente de su propósito inicial, pero por exigencias de tiempo  -sin duda-  pasó fugazmente por el período en el que como magistrado ejerció de Fiscal en la Audiencia de Mallorca, a la par que desarrolló una intensa labor en la Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País. Una década.

Tanto en una como en otra institución Villamil intentó plasmar sus ideas reformistas, y la diligencia con la que se manifestó en ambas muestra una coherencia entre sus planteamientos ideológicos o teóricos y la actuación pública, llegando a ser sus papeles  -en Audiencia y Sociedad Económica-   totalmente complementarios, tal como se les encomendaba a los magistrados desde el Consejo de Castilla y como demuestran los datos que hemos examinado en la documentación de la Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País (SEMAP) depositada en el Archivo del Reino de Mallorca.   

Pérez-Villamil es una de las figuras asturianas peor conocidas de una época en la que sobresalen a nivel nacional hombres ilustres de nuestra región y que la historiografía ha tratado más generosamente. Sin embargo, Pérez-Villamil es un personaje de gran influencia política en la crisis del antiguo régimen que no ha tenido la suerte histórica que por derecho le corresponde. Baste mencionar, para respaldar lo que afirmamos, una escueta relación de cargos y responsabilidades que desempeñó en su carrera pública: director de la Real Academia de la Historia (Madrid), secretario del Almirantazgo, consejero de Estado, regente en Cádiz, ministro de Hacienda, etc.

José Luis Pérez de Castro, buen conocedor de la vida y obra de Villamil nos señalaba en aquella ocasión como uno de sus biógrafos más minuciosos  -halago exagerado que no obstante agradecemos- y remitía a nuestros trabajos para el conocimiento de la labor del magistrado astur en Mallorca.
Pues bien, de la estancia en Palma y de su actividad en Mallorca  -ceñida a la tarea que realizó como miembro de la Sociedad Económica isleña-  es de lo que va a tratar nuestra charla. Breve exposición para no alargar el acto.

Designado Fiscal de la Audiencia mallorquina en 1787, en sustitución de su colega don Antonio Fernández de Córdoba –que pasaría a Navarra-, ejerció el cargo hasta el año de 1796.

Siguiendo el modelo de magistrado ilustrado, se convirtió en un dinámico animador de la Sociedad Económica y en un contumaz estudioso de las cosas de la isla, anticipo de lo efectuado luego por Jovellanos, aunque en circunstancias bien diferentes. Allí, entre otros muchos proyectos, concibe una Historia civil de la isla de Mallorca, manuscrito hasta ahora inédito del que se tenían confusas noticias y que recientemente hemos editado bajo el patrocinio del Ayuntamiento palmesano, por considerarlo un texto notable  -aunque lamentablemente inacabado-  por su orientación historiográfica de corte ilustrado, de clara finalidad instrumental.  

Ya hemos señalado que a pesar de su densa biografía, la figura y obra de Pérez-Villamil es poco conocida. La razón de ello es doble. Su etapa ilustrada o reformista ha permanecido eclipsada  -tanto para la historiografía asturiana como española en general-  por la importancia de la obra y la talla de un Campomanes o un Jovellanos. Además, como consecuencia de su transformación ideológica y controvertida actuación política en el período de las Cortes de Cádiz y en la primera restauración fernandina, no mereció luego una atención ecuánime  por parte de la historiografía liberal decimonónica, que de manera predominante trató dicho periodo.

Reconstruir la biografía y la actividad pública de Juan Pérez-Villamil nos parece  -y en esa tarea seguimos empeñados-  una labor de investigación pertinente para ampliar el conocimiento de su entorno y por ende de la etapa histórica que le tocó vivir. Y de ahí nuestro interés por la estancia en Mallorca, porque no sólo compendia su participación en el proyecto reformista, sino porque fue también determinante para entender su inmediata trayectoria en la administración borbónica. Dentro de esa actividad ilustrada de la que hablamos, vamos a centrarnos  -en esta ocasión, tal como hemos dicho- en aquello que le vinculó a la Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País.

Fue el propio Pedro Rodríguez Campomanes, sin duda, quien influyó en Pérez-Villamil para que en 1787 cambiase el foro  -ejercía la abogacía en Madrid con notable éxito-  por la magistratura. La elevada posición que Campomanes ocupaba  -era gobernador del Consejo de Castilla-  y los indudables méritos que acreditaba Villamil, fueron factores favorables para que acabase siendo nombrado Fiscal de la Audiencia mallorquina a la edad de treinta y tres años (había nacido tal día como hoy de 1754). Además, su conocimiento del problema chueta (descendientes de los judíos conversos) por haber intervenido en el importante pleito que suscitó aquella minoría marginada que pretendía conseguir su equiparación legal con el resto de la población isleña, hacía de él un candidato idóneo para la Fiscalía de la Audiencia de Mallorca, donde persistía una delicada situación como consecuencia de las tensiones derivadas de las pretensiones chuetas de igualdad legal –que eran respondidas desde el odio racial- y, así mismo, por el ambiente belicoso que padecían las islas tras los sucesos de la guerra contra los ingleses.
Como miembro de la Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País  -heredera en cierto modo de la antigua Cofradía de Sant Jordi-  colaboró con entusiasmo en la obra reformadora que los ilustrados mallorquines trataron de llevar a cabo, participando en la tareas de la Sociedad y orientando toda su labor como Fiscal en la dirección que señalaban las directrices reformistas que se planteaban en el citado establecimiento. No podía ser de otra manera, teniendo en cuenta su trayectoria anterior, tan estrechamente vinculada a Campomanes, su mentor, para quien las Sociedades Económicas eran uno de los principales instrumentos del reformismo borbónico. 


No era un ámbito de actuación desconocido para Villamil, ni mucho menos. En su día, como miembro de la Sociedad Económica Matritense había realizado una labor significativa, entre cuyas actividades destacaba su participación en la Junta particular que debía entender en el Informe en el Expediente de Ley Agraria, en los aspectos relativos a la “cría de ganados como unida a la agricultura” y las dehesas, ejidos y pastos comunes, según ha estudiado y nos ha dejado escrito el ilustre historiador Gonzalo Anes.

Llegado a Palma en octubre de aquel año de 1787, Villamil fue propuesto para socio de la Sociedad Económica en junta celebrada en noviembre. Una Sociedad  -y hacemos un oportuno inciso-  nacida en 1778 y de la que había sido fundador el también asturiano  -originario de los Oscos-  Josef Antonio Mon y Velarde (luego Conde del Pinar), quien desempeñó el cargo de oidor de la Audiencia mallorquina y que por poco tiempo no llegó a coincidir con Pérez-Villamil en la isla.

Éste fue presentado por el destacado socio Josef Desbrull y Boil de Arenós, caballero de la Orden de San Juan y secretario de actas. Y “enterada la Sociedad de las circunstancias, mérito y literatura que concurren”, el magistrado Villamil fue nombrado socio de número, asistiendo poco después y de forma regular a las juntas, que presidía el inamovible director Antonio Dameto Dameto (marqués de Bellpuig), coronel de los reales ejércitos y teniente coronel del Regimiento Provincial de milicias.

Durante la década que Villamil ejerció el cargo en la isla, los “amigos del país” mallorquines continuaron con su afán de plasmar en realidades los proyectos en curso y relanzar otros que se habían estancado. El magistrado asturiano, que participaba totalmente del ideario de Campomanes, favoreció las tareas de la Sociedad Económica de Palma formando parte de las comisiones de educación, agricultura e industria.

De las ciento dieciocho juntas que se convocaron en el período en el que Pérez-Villamil fue Fiscal de la Audiencia, asistió a cincuenta y ocho de ellas, presidiendo siete sesiones extraordinarias, por razón de su puesto de segundo director de la Sociedad Económica, cargo electo al que accedió en 1790.

En el campo educativo una de sus actuaciones más notables fue la de propiciar la reapertura de la Escuela de Dibujo  -creada en 1778 al mismo tiempo que la propia Sociedad-  que por falta de medios había dejado de funcionar.

Aprovechando el ofrecimiento de ayuda de uno de los miembros de la sociedad, Pérez-Villamil realizó las gestiones oportunas hasta conseguir la colaboración del obispo de la diócesis, el manchego Pedro Rubio-Benedicto y Herrero (1727-1795). De ese modo, la Escuela de Dibujo pudo abrirse nuevamente el día 20 de enero de 1788 con motivo del aniversario del nacimiento del rey Carlos III, aunque su apertura efectiva se retrasó algún tiempo.

Con ocasión de tal inauguración Pérez-Villamil pronunció una Oración gratulatoria. El texto de esta disertación es significativo de su compromiso y comunión con los planteamientos reformistas diseñados por Campomanes respecto a la importancia del desarrollo artesanal y a la función utilitaria y social de la educación.

Villamil ve en Mallorca, por sus condiciones de insularidad y su estratégica situación "entre dos mares", factores favorables para el desarrollo artesano, que debe producir para vender en la Península y América, y abastecerse de las materias primas de dichos mercados. Al mismo tiempo que ello contribuiría a compensar la balanza comercial isleña, se debería promocionar  -según su razonamiento-  la extracción de las materias primas que sobrasen en Mallorca.

De esta manera, el fomento del desarrollo artesanal en la isla explicaría la necesidad de la reapertura de la Escuela Patriótica de Dibujo, dada la importancia que se concedía al aprendizaje de tal disciplina por parte de los artesanos. Se trataba de que éstos se aplicasen teóricamente en tal materia superando la tradicional formación empírica que se impartía en los gremios.

Como fácilmente se desprende, la puesta en marcha de la Escuela de Dibujo  -que pocos años más tarde recibiría el pretencioso nombre de Academia de Nobles Artes-  respondía al principio básico del ideario educativo ilustrado: el que enfatiza en la dimensión social de la educación.

Pero también se colige, de la lectura de la Oración gratulatoria, que Villamil comparte otro de los postulados de tal ideario: la educación debe ser diferente según sea el grupo estamental al que pertenezcan los individuos, puesto que sus roles sociales deben ser también distintos. Así, los hijos de los nobles asistirán a la Escuela pero, en este caso, la enseñanza del dibujo tendrá otra finalidad que la pretendida con su impartición a los artesanos.

Otro proyecto en el que intervino Juan Pérez-Villamil fue la creación de la Academia Médico-Práctica de Mallorca. Los ilustrados y enciclopedistas  de la isla se habían interesado desde hacía años por el funcionamiento de la Academia Médico-Práctica de Barcelona, pues, frente a los estudios especulativos de la universidad tradicional, los reformistas mallorquines estaban interesados en la creación de un establecimiento donde se fomentara el conocimiento experimental y, de este modo, se propiciasen las reformas sociales que pretendían llevar a cabo.  

Por razón de la alta ocupación que ostentaba en la administración borbónica en Mallorca y por su experiencia  -Villamil había fundado en la Corte la Real Academia de Nuestra Señora del Carmen de Derecho Patrio y Público, junto con el abogado Miguel Gabaldón-  nuestro magistrado fue comisionado con otro socio  -el impresor real Ignacio María Sarrá y Frau-  para hacer realidad la mencionada Academia médica. El acto de constitución tuvo lugar en las Casas Consistoriales de Palma en mayo de 1789, inscribiéndose como socios fundadores veintisiete médicos. Villamil fue nombrado poco después “socio particular protector de ella”.

La Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País pasó por momentos críticos durante los años de guerra contra Francia (1792-1795) y, aun así, las actas nos permiten constatar los esfuerzos de Pérez-Villamil por mantener las “escuelas de primeras letras” que patrocinaba la Sociedad Económica, logrando el auxilio económico del nuevo obispo de Mallorca Bernardo Nadal y Crespí (1746-1818), eclesiástico de talante liberal y reformista, de amplia cultura, que  -como diputado-  jugaría un papel relevante en las Cortes de Cádiz.

Por lo que hace a su participación en las actividades de la comisión de agricultura, el asunto en el que Villamil tuvo una intervención más directa fue el relativo a la redacción de unas Ordenanzas para la explotación de montes y arbolado de la isla. El tema era de la mayor importancia para los intereses de los propietarios nobles de los predios montuosos, pero igualmente para el desarrollo forestal de Mallorca, pues las talas y el desinterés por la repoblación entorpecían el fomento de una fuente de riqueza de la isla, que en último extremo proporcionaba la materia prima para los artesanos carpinteros mallorquines. 

Las medidas que para la aplicación de las disposiciones legales superiores habían sido dadas para el fomento, cultivo y conservación de montes no habían sido aceptadas por la Sociedad Económica Mallorquina, cuyos miembros eran nobles propietarios. Mayor rechazo tuvo la puesta en práctica de tales medidas por parte del ministro de Marina. Fue entonces cuando la Económica mallorquina nombró una comisión  -presidida por Villamil-  al objeto de establecer unas ordenanzas locales de montes que estuvieran de acuerdo con las generales en vigor.

Mientras Pérez-Villamil redactaba los capítulos de las Ordenanzas, los enfrentamientos entre el “Ministro visitador de Montes de Mallorca e Ibiza” y la Sociedad Económica continuaron. En julio de 1790 el Fiscal asturiano leyó en junta los capítulos de las Ordenanzas “como únicas reglas adaptables en el país para establecer la ordenación de los mismos montes”, pero parece que tales Ordenanzas no llegaron a aprobarse o, al menos, no sirvieron para poner fin al conflicto, según la documentación que se conserva y hemos podido consultar.

En la comisión de industria, Pérez-Villamil junto con Antonio Montis Álvarez  -regidor perpetuo de Palma y desde 1791 primer marqués de la Bastida-  fue el encargado de afrontar la reforma de las Ordenanzas gremiales, tarea en la que desde hacía tiempo ya se venía ocupando la Sociedad Económica por encargo del Consejo de Castilla, en la línea de los planes trazados por Rodríguez Campomanes y los gobernantes ilustrados. No se trataba de suprimir los gremios, sino de reformar en profundidad sus funciones para que los efectos nocivos derivados de su corporativismo no impidiesen el auge artesanal y, en consecuencia, el desarrollo del comercio.

En noviembre de 1788 la Sociedad Económica Mallorquina determinó, como paso previo para acometer la reforma de las Ordenanzas gremiales, establecer “un plan de principios generales adaptables a toda legislación gremial para después el breve despacho de las Ordenanzas que exija cada Arte y Oficio en particular”. Tal encargo se le encomendó a Juan Pérez-Villamil.

Sin embargo, las dilaciones en la tarea de recopilación de las Ordenanzas de cada gremio para proceder a su examen y, probablemente, la oposición de los gremios a las reformas, hicieron infructuosa su labor, como lo revela el hecho de que en el año de 1799  -cuando Villamil ya había abandonado la isla-  la reforma gremial era todavía un asunto pendiente, que fue relanzado más adelante en la propia Sociedad Económica por el abogado de la Real Audiencia Bernardo Contestí Bennassar, aunque con otra orientación: la supresión de los gremios.  

No obstante, fruto de tal encargo nos ha quedado un pequeño trabajo sin firma titulado Discurso sobre la jurisprudencia gremial (1791) que, por entregas, se había ido publicando en el Semanario Económico de Mallorca durante los años 1789 y 1790.     
Como hemos demostrado en nuestras investigaciones, es más que probable  -casi diríamos que con toda seguridad-  que el autor del mencionado trabajo fue Juan Pérez-Villamil, experto conocedor de la historia de la jurisprudencia española, como se sabe. Todos los detalles parecen confirmar su autoría.

El objetivo del citado Discurso es la legitimación del arreglo de las Ordenanzas gremiales que la Sociedad Económica Mallorquina pretendía establecer. La historia se convierte así en una herramienta reformista, que permite entender el estado de la legislación gremial   -que no respondía a la realidad existente- y la apremiante necesidad de su reforma. 

Lo que sí sabemos con total certeza es que la Sociedad Económica Mallorquina dio a la imprenta el Elogio del Rey Carlos III que esté en gloria (1789), escrito por Villamil, y cuyo manuscrito original se conserva en la Real Academia de la Historia de Madrid.

Tras el fallecimiento del rey Carlos III el 14 de diciembre de 1788, las Sociedades Económicas de toda España acordaron que uno de los socios más notables pronunciase su elogio fúnebre. La Matritense, por ejemplo, encomendó la tarea a Francisco Cabarrús, y Villamil fue el encargado de su redacción a petición de la Económica mallorquina.

En la junta de 10 de enero de 1789 se aprobó que el citado Elogio se leyese en la sesión que debía celebrase el día 19 de marzo, fecha en la que también se debían entregar los premios a los alumnos más aventajados de la Escuela de Dibujo. Así se hizo, y en reunión posterior se convino la impresión a expensas de la propia Sociedad Económica.
El Elogio es un repaso encomiástico de la obra realizada por el monarca borbón tanto en la etapa napolitana como en su posterior reinado en España. Por lo que hace a Nápoles, Villamil narra las gestas bélicas y destaca la labor política y cultural, especialmente su intento  -fallido en parte-  de implantar una nueva constitución política, desarticulando para ello los poderes feudales.

Por lo que se refiere a España, Carlos III habría dado a nuestro país  -según Villamil-  una época de esplendor similar a la de los Reyes Católicos y primeros Austrias; y para sobrevalorar la obra reformadora carolina  -de la que sutilmente silencia la política regalista y secularizadora-  efectúa, en contraposición, un balance historiográfico totalmente negativo de los últimos Austrias. 
Además, y en otro orden de cosas, del examen del Elogio se puede entrever el pensamiento y posicionamiento político del magistrado astur. Éste se manifiesta como partidario de ese reformismo moderado que propugnaba la clase rectora que tenía como faro el despotismo ilustrado, cuya finalidad era el cambio pero sin socavar los poderes tradicionales. Esa actitud es la que explicaría su posterior giro  -que también ocurrió con otros reformistas españoles-  hacia posturas reaccionarias, cuando las nuevas circunstancias históricas pusieron en peligro las bases de poder del antiguo régimen.

De contenido del Elogio se desprende igualmente una actitud religiosa de tono tradicional, plenamente coherente  -por otra parte-  con ese reformismo moderado o templado  -de indudables raíces conservadoras-  al que hemos hecho referencia. En ese sentido, Pérez-Villamil cita como demostraciones de auténtica religiosidad algunos actos de culto de patrocinio regio, actos que difícilmente podían ser asumibles por los genuinos ilustrados españoles, partidarios  -por contra-  de una religiosidad interiorizada y críticos con la importancia que las autoridades eclesiásticas concedían a las manifestaciones externas de ritos y ceremonias.      

En fin, como vemos, la labor que el Fiscal Pérez-Villamil realizó en Mallorca fue, en líneas generales, concordante con los postulados del reformismo ilustrado borbónico y, en consecuencia, actuó en estrecha colaboración con la Sociedad Económica: acopiando información y asesorándose a través de los “amigos del país” mallorquines, al mismo tiempo que apoyando los proyectos que le presentaron.
Juan Pérez-Villamil cesó oficialmente en el cargo de Fiscal de lo civil y criminal en 1797, aunque en realidad ya estaba ausente de Mallorca desde la primavera del año anterior. No obstante, siguió representando los intereses de los mallorquines en la Corte madrileña por algún  tiempo más.

Como resumen se puede afirmar que Villamil, bien por cálculo político o por talente personal, adoptó en la Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País una postura flexible, dentro de los márgenes que permitía la aplicación del reformismo centralista y castellanizador. Mantuvo una actitud respetuosa  -dentro de las leyes- hacia el hecho diferencial mallorquín. 

No es extraño, pues, que fuese cierto el dato que apunta Jovellanos en su Diario el día 1º de octubre de 1796, cuando escribe que “los mallorquines quieren hacerle Regente”.

Gracias por su atención.
     
*  Intervención en el Casino de Puerto de Vega (Navia) el 1º de mayo de 1994.
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Acto institucional anual de la Asociación de Amigos de la Historia (Puerto de Vega)
Día 1 de mayo de 1994, a las 5 de la tarde
Programa de actos:
= Presentación de la Cátedra de Extensión universitaria “Severo Ochoa”
= Entrega de diplomas a los socios de honor
= Entrega de premios del Primer Concurso de Redacción Histórica
= Conferencia de D. Jesús Mella sobre D. Juan Pérez Villamil
Noticia de ello en El Comercio (Gijón), martes 3 de mayo de 1994, p. 39



http://balearidesdigital.com/bdvs01/wordpress/wp-content/uploads/2013/08/Memorias-de-la-Real-Sociedad-Econ%C3%B3mica.pdf

lunes, 2 de septiembre de 2013

Un jacobino en el poder: Álvaro de Albornoz *

 

                                 X Jornadas de Historia de Navia
                              Viernes, 30 de agosto de 2013; 19:00 h.
                                                     Centro Cultural LICEO (Navia)

  



Un jacobino en el poder: Álvaro de Albornoz

Jesús Mella

En octubre de 2004, va para nueve años, tuve el honor de participar en el homenaje que el Ayuntamiento vecino de Valdés tributó a Álvaro de Albornoz y Liminiana. Los actos, sencillos, coincidían con el cincuentenario del fallecimiento del político luarqués en el exilio mexicano. Consistieron en el descubrimiento de una placa en la casa (calle) natal y en la celebración de una conferencia que tuvo por escenario la Casa de Cultura y que titulé: “Álvaro de Albornoz: Un radical con gorro frigio”. Actos entrañables, puesto que yo también soy luarqués.
Hoy, nuevamente, en este Centro Cultural Liceo de Navia, se me invita para esbozar la silueta de este hombre de escuadra y compás, dentro del programa Asturianos en el Gobierno de España.

Debemos reconocer el esfuerzo que contracorriente, año tras año, vienen desarrollando diversas instituciones  -y el diligente director de los encuentros, Servando J. Fernández Méndez-  por mantener vivas las Jornadas de Historia, esta vez en su décima edición. Iniciativa muy loable, dada la banalidad que nos rodea y cuando los mitos y la ficción pretenden sustituir los hechos y la realidad histórica.

De entrada, debo dar las gracias a todos por haberme invitado –repito-  a hablarles de Álvaro de Albornoz, olvidado por el recuerdo colectivo, puesto que ha quedado reducido al paréntesis que jalonan las fechas de su natalicio y su defunción, triste logro de la gloria.

Un retrato rápido, modesto, con luces y sombras, de su actividad política en España, en concreto de la actividad ministerial y experiencia de poder en la Segunda República, puesto que su política fuera de España  -en la que también ostentó poder y cargos ministeriales, más nominales que efectivos-  bien pudiera quedar para otra ocasión, dada la peculiaridad de la España del exilio y de aquella República errante, cuidadosamente silenciada porque intentó mantener la legitimidad. Así lo entendió también su gran amigo (desde 1904), y compañero de destino, Félix Gordón Ordás (1885-1973), al publicar las memorias, que como editor separó conscientemente las dos etapas.

Cuando alguien se refiere a Álvaro de Albornoz, o saca una conversación relacionada de alguna manera con él, se me viene a la memoria una vieja anécdota que no hace muchos años me contaba un anciano funcionario de correos y telégrafos residente en el paraje de La Nozaleda, en la parroquia de Perlora (Carreño). Me contaba aquél buen hombre -hoy ya fallecido- que los muchachos del lugar solían espiar a las chicas que en traje para la ocasión  -o sin él-  se daban un baño de ola en la aislada playa de Carranques. Cierto año  -que supongo a fines de la Dictadura de Primo de Rivera o comienzos de la República-  apareció por la playa una de aquellas mujeres propagandistas  -verdaderos iconos-  que sonaron en la política del momento. Los más pícaros corrieron enseguida la noticia, precisando que en Carranques estaba tal señorita con el albornoz. Evidentemente no estaba con dicho atuendo en plan sugerente, sino que se quería insinuar  -maliciosamente-  que estaba acompañada por el señor Albornoz, don Álvaro, personaje entonces polémico y que no dejaba indiferente a nadie. ¿Cuánto de verdad puede haber en la anécdota que me contaba aquel viejo funcionario que estiraba la memoria hasta la infancia? No lo sabemos.

*     *     *

Lo que si sabemos con certeza es que nació en la capital valdesana el día 13 de junio de 1879. Fue hijo del abogado valenciano Manuel Albornoz  -entonces Ayudante de Marina del puerto de Luarca-  y de la oriolana Concepción Liminiana.

Estudió la primera y segunda enseñanza en su villa natal y, luego, la carrera de Derecho Civil y Canónico en la Universidad de Oviedo. Se graduó Licenciado en 1900, a los veinte años de edad. Entre sus maestros figuraron algunos miembros del llamado Grupo de Oviedo, republicanos de cátedra con quienes trabó una buena amistad, especialmente con Leopoldo Alas Clarín  -de quien era discípulo predilecto-, Adolfo Álvarez-Buylla, Rafael Altamira y Melquíades Álvarez, del quien fue igualmente alumno. Compañero y amigo, durante aquella etapa universitaria, fue también Ramón Pérez de Ayala.

Una vez licenciado,  pasó a cursar el doctorado en Madrid, donde entró en contacto con la Institución Libre de Enseñanza y su mentor y profesor, Francisco Giner de los Ríos, participando de las mismas inquietudes. Parece ser que renunció a los cursos de doctorado por no estimarlos imprescindibles para su futuro. De hecho, no consta ningún dato sobre su posible Tesis en el  Archivo de la actual Universidad Complutense de Madrid, antes Universidad Central.

Se casó en Luarca con Amalia de Salas y Abella-Fuertes, en noviembre de 1899, y regresó a Asturias en 1901.

Fue colaborador asiduo de la prensa, tanto asturiana (El Noroeste de Gijón, El Progreso de Asturias de Oviedo, y La Voz de Luarca) como de fuera, principalmente de Madrid. Ejerció, juntamente con la de periodista  -publicó artículos de combate político al mismo tiempo que estudios doctrinales de enjundia-, la profesión de abogado en Luarca y en la capital asturiana desde el año de 1902  -año de su inscripción en el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo-  hasta el año de 1910. 


Álvaro de Albornoz  -en el extremo derecho-  en la inauguración de la Universidad Popular de Mieres
Así mismo, durante aquella época participó como conferenciante en las campañas de 1903 a 1910 de la Extensión Universitaria ovetense. El día 29 de mayo de ese año de 1910 pronunció –al lado de otros oradores-  un discurso en el teatro Campoamor de Oviedo en homenaje a Rafael Altamira y su obra de intercambio universitario, tras el famoso viaje que el profesor alicantino acababa de realizar por tierras americanas. Testimonios de época afirman que Albornoz era un destacado orador, con un estilo castelariano, hoy perdido.

Según confesión propia, pronunció el primer discurso político el día 11 de febrero de 1897, siendo alumno del curso preparatorio de Derecho de la Universidad de Oviedo, con ocasión de la fiesta conmemorativa de la Primera República Española. Hay también constancia hemerográfica de que el joven abogado Albornoz tomó parte en la velada necrológica en honor a Pi y Margall que se celebró el día diez de diciembre de 1901 en el Teatro Jovellanos de Gijón, con un lleno absoluto y la presencia del histórico Rafael Calzada.

Algunos autores contemporáneos, como Andrés Saborit Colomer o Manuel Vigil Montoto, señalan que comenzó su militancia política activa también en el socialismo (desde 1898), que colaboró en el periódico semanal del partido en Asturias, La Aurora Social, y que participó en un acto de propaganda en su villa natal defendiendo el ideario de Pablo Iglesias (marzo de 1899). Es probable que así fuese, pues la emigración de los republicanos en demanda del socialismo se iniciaba por entonces. Pero debió ser por breve tiempo, dado que el propio Albornoz en un párrafo de la obra epilogal Páginas del destierro (México, 1941) recoge lo siguiente:

“No tengo ni tuve nunca la menor simpatía por el marxismo. El marxismo fue, en cierto modo, la tragedia espiritual de mi mocedad. Me habían seducido, como a muchos otros jóvenes  -¡y cómo lo lamentaba Clarín!-  los folletos de propaganda entonces en boga, de una simplicidad, de una suficiencia y de una pedantería insuperables…”

Eran los años de dogmatismo de Pablo Iglesias  -que llegan hasta 1909- y que, sin duda, desencantaron a Albornoz por la línea intransigente y sectaria del PSOE.

Comprometido políticamente desde muy temprano con el heterogéneo republicanismo español de la Restauración  -hidra con muchas cabezas-, se alineó luego en el bando que representaba la orientación radical dentro de la Unión Republicana (nacida en 1903), en oposición a la conservadora de Melquíades Álvarez.

En todo caso, sus primeras inquietudes fueron recogidas en un curioso folleto que, con prólogo de Adolfo A. Buylla, editó la imprenta luarquesa de Manuel Méndez en el año de 1900: La instrucción, el ahorro y la moralidad con respecto a las clases trabajadoras: folleto para obreros. En 1903 publicó su primer libro propiamente dicho: No liras, lanzas (Madrid), colección de artículos y crónicas. Siguió a este volumen el titulado Individualismo y socialismo (Barcelona, 1908), donde fijaba su personalidad política y hablaba de la necesidad de que los republicanos tomaran prestado del socialismo algunos recursos y propuestas de análisis y cambio socio-económico, al decir del historiador Manuel Álvarez Tardío.

Aunque en la periferia, desde Asturias intervino eficazmente en la política republicana nacional, asistiendo a asambleas, reuniones y realizando viajes de propaganda. Fue la manera de darse a conocer. En diciembre de 1909 se le tributó un homenaje en Oviedo y decidió trasladarse a vivir a Madrid. En ese año de 1909 ingresó  -en unión de otros intelectuales, como Andrés Ovejero, Julián Besteiro, Hermenegildo Giner de los Ríos, Rafael Salillas y Luis Bello-  en el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, (nacido en 1908), partido que pronto abandonará por encontrarlo estancado en viejas ideas. No obstante, promocionado por Joaquín Costa, fue elegido diputado a Cortes por la circunscripción Zaragoza-Borja en mayo de 1910 en las listas del Partido Radical. Se acreditó como un buen parlamentario en los debates, sobresaliendo en los relativos a instrucción pública y justicia. En tales discusiones fue un apasionado defensor de la escuela laica.

Tuvo pues unos orígenes “cuneros”. Sobre la incorporación de Albornoz al Partido Radical y su candidatura a Cortes por Zaragoza, Lerroux escribió lo siguiente:

“Yo le saqué de Oviedo, donde vegetaba… Le llevé a Zaragoza y le proporcioné el acta de diputado por aquella capital. Los amigos de allí le pusieron al frente de un periódico. Y se encontró, de la noche a la mañana, diputado a Cortes sin sacrificio alguno, director de un diario y jefe de un partido local”.

En esa época publicó el libro Ideario Radical (Madrid, 1912), obra en la que se sintetizan los postulados fundamentales que a juicio de Don Álvaro   -que por momentos parece que vive en 1793-  han de asimilar y acometer los republicanos españoles.

En el año de 1914 se presentó nuevamente por la circunscripción electoral  de Zaragoza siendo derrotado. Ese año abandona el partido, dedicándose en exclusiva al periodismo y a la abogacía en su bufete madrileño, medio de sustento de su familia.

Su recorrido político en poco tiempo había partido desde el socialismo hasta el lerrouxismo.

No fue fácil la vida para Albornoz. Cuenta Josep Pla  -en su diario de juventud Madrid-L´adveniment de la República (1933)-  refiriéndose a esa etapa, que cuando el abogado luarqués llegó a Madrid, acompañado de su esposa, tuvo unos comienzos difíciles; y con un estilo mordaz e inmisericorde dice de don Álvaro:

“Era un abogado muy pobre, muy arribista, que nunca consiguió tener un pleito. Fueron a vivir a una pensión. Durante los primeros días, el actual ministro iba de pesca para ver de conseguir algún alimento. El resultado fue siempre negativo. Ante tanta mala suerte, marido y mujer decidieron intentar algo. El dinero se acababa por momentos. Decidieron no levantarse de la cama. Compraron un jamón y lo colgaron del techo con un cordel, a cuatro palmos de la almohada. Cuando tenían hambre, sin necesidad de moverse, cortaban un bocadillo muy fino y así siguieron durante mucho tiempo…”  

Durante ese período colaboró asiduamente en El Liberal,  El Radical  -del que llegó a ser su director una temporada-, La Libertad, El Mundo, El Parlamentario, en el aliadófilo semanario España,  en Vida Nueva y en  La Opinión, todos ellos de Madrid;  alguno de gran circulación.  Y entre los trabajos propios del foro tuvo a su cargo el ruidoso pelito a que diera lugar la incapacitación, por real decreto, del infante don Antonio de Orleáns  -marido de la infanta Eulalia, tía de Alfonso XIII-, a quien defendió ante los tribunales de Justicia. 

Aunque alejado de las banderías políticas y civilista convencido, intervino ardorosamente en cuantas campañas populares a favor de Francia  -y los aliados- suscitó la Primera Guerra Mundial.  No obstante, intentó volver a la política con motivo de las elecciones municipales de 1917 por el distrito de Gijón, pero su intento fracasó. También participó públicamente contra la acción militar de España en Marruecos desde la tribuna del Ateneo madrileño, institución de la que había sido socio desde 1899.

En 1918 publicó Estudios políticos (Tortosa)  y El partido republicano. Las doctrinas republicanas en España y sus hombres (Madrid), obra importante  -esta última-  en la que preconiza la necesidad de un nuevo republicanismo español que intente salvarlo de la esterilidad en que se disolvieron los núcleos del llamado republicanismo histórico, tras estudiarlo a fondo en su evolución. En 1920 dio a la imprenta El temperamento español: la democracia y la libertad (Barcelona), libro que dedica a su entrañable y malogrado amigo Fernando Martínez Torner; y asistió, como letrado, representando al Sindicato Minero y a las familias de las víctimas de los luctuosos sucesos ocurridos  -entre mineros y fuerza pública-  en el feudo del marqués de Comillas, en el Concejo de Aller, en abril de aquel año. En 1921 se presentó por la circunscripción electoral de Cartagena como republicano independiente, formando parte de la candidatura de izquierdas, pero fue derrotado de nuevo.

Instalado definitivamente en Madrid, y mejorada en general su situación, apoyó a su sobrino Severo Ochoa en los estudios de biología, en los que luego sería un investigador de fama internacional, como es sabido.

Como tantos otros, Albornoz no disimuló su interés por el cambio de rumbo poco antes de la llegada al poder del general Primo de Rivera. En una colaboración en el diario La Opinión, don Álvaro comienza de esta manera: “A nosotros no nos asustaría una dictadura inteligente…”; pero el entusiasmo duró bien poco. Durante la Dictadura primorriverista se adhirió a Alianza Republicana (nacida en 1926) y actuó políticamente casi en la clandestinidad, al igual que otros intelectuales. Sufrió persecución  -su correspondencia era abierta-  y cárcel en 1929. La posición que tomó Albornoz contra la Dictadura fue la de un revolucionarismo republicano extremo, al margen de todo doctrinarismo constitucionalista. Un apóstol de la propaganda democrática.


Ha de significarse, por otra parte, que Albornoz fue iniciado como masón en la respetable logia Dantón nº 7, de obediencia al Gran Oriente Español, el día 18 de marzo de 1927, siendo exaltado en un solo día al 2º y 3º grado  -maestro masón-  poco después. En sus trabajos y actividades masónicas utilizó el nombre simbólico de Juan Prouvaire, personaje literario de Los Miserables de Víctor Hugo, personaje que amaba a los desvalidos y recitaba versos a los astros. La madrileña logia Dantón había sido fundada el año anterior  -diciembre de 1926-  dentro de la autoridad de la Gran Logia Regional del Centro, y aglutinaba en su seno a intelectuales con auténtica pasión política y social, fruto, sin duda, de las circunstancias que concurrían entonces, cuando el régimen alfonsino tocaba ya a su fin.
Carta constitutiva de la Logia Danton nº 7
(Madrid, 5/12/1926)
Figuraron al lado de Albornoz, en esta logia de gran actividad conspirativa: Marcelino Domingo, Mariano Benlliure, José Giral, Martí Jara, Luis Bello, Luis Jiménez de Asúa, y el periodista Manuel Chaves Nogales. La vinculación del taller con Alianza Republicana fue notoria. Dentro de la masonería Albornoz nunca ostentó cargo relevante. También figuró, parece ser, en el cuadro de la logia Argüelles nº 3 de Oviedo.

Durante la Dictadura publicó La tragedia del Estado español (Madrid, 1925) e Intelectuales y hombres de acción: problemas españoles (1927). Libros henchidos de ciencia social, de doctrina laicista y de historia política del siglo XIX, siglo del que era gran estudioso. Según  Manuel Álvarez Tardío, aunque el político luarqués se considerara emancipado del primer republicanismo, era deudor del análisis histórico realizado por distintos historiadores y políticos de la tradición progresista primero, demócrata después, y republicana finalmente, del siglo XIX, algunos de los cuáles —Rodríguez Solís, Fernando Garrido, Pi y Margall o Castelar— son citados por él de forma abundante en sus textos.  De este período es también el libro de ensayos escrito desde la Cárcel Modelo durante abril de 1929: El gobierno de los caudillos militares (Madrid, 1930), justo cuando empezaba la ofensiva contra la Monarquía; era  -en palabras de Manuel Álvarez Tardío- un texto mediocre en el que lo importante, finalmente, no era la opinión de nuestro protagonista sobre Espartero o Narváez, sino las conclusiones que se podían extraer para la hora presente, para la ruptura drástica con el pasado.

 
Tras acordarlo en prisión, en  julio de 1929 fundó  -junto con Marcelino Domingo, Ángel Galarza, Félix Gordón Ordás y otros elementos antimonárquicos y masones-  el Partido Republicano Radical Socialista, escindiéndose de la Alianza Republicana. Entre los firmantes del manifiesto fundacional del nuevo partido figuraban los asturianos Leopoldo Alas Argüelles, Julián G. Muñiz, José María Friera y el médico Honesto Suárez. El Partido Republicano Radical Socialista, partido de la izquierda burguesa, pretendía el apoyo de las clases medias urbanas y se manifestaba dogmáticamente obsesionado por el modelo del radical-socialismo francés, que dirigía Eduard Herriot. También estaba influido por el socialismo, la tradición republicana española y,  de alguna manera, por el reformismo de Melquíades Álvarez, barco que todavía no había encallado en las derechas. Pasados los primeros tiempos, se caracterizará por ser un partido falto de disciplina democrática, por la tendencia de sus figuras a hacer cada uno la guerra por su cuenta. Albornoz –que formó parte del comité ejecutivo nacional- calificará a su formación política, en cierta ocasión, como una “olla de grillos”. Ya en la República, Albornoz se vio enfrentado bastantes veces con diputados de su propio grupo parlamentario.

Albornoz tendrá, a partir de entonces,  una actuación significativa en todas las conspiraciones habidas para derrocar la monarquía e implantar un “Estado de nueva planta”. En ese año de 1929 escribió un notable prólogo para el libro de Gabriel Morón El partido socialista ante la realidad política de España (Madrid), en el que alentaba al PSOE a comprometerse sin reservas en un cambio del régimen a la vez que denunciaba la colaboración socialista con la Dictadura.

El 17 de agosto de 1930 suscribió, con otros políticos, el llamado Pacto de San Sebastián, y formó parte, a continuación, del Comité Revolucionario  -futuro Gobierno Provisional-  que preparó el advenimiento de la República. Motivo por el cual fue reducido a prisión, en unión del resto de firmantes del mencionado pacto. Eran las consecuencias.

Por haber firmado el manifiesto republicano instigador de la rebelión del 15 de diciembre de 1930, que se levantó en Jaca contra el gobierno de Dámaso Berenguer, estuvo preso hasta el 23 de marzo de 1931. Fue juzgado ante el Tribunal Supremo de Guerra y Marina y defendido por la malagueña Victoria Kent, pasante de Albornoz, además de amiga. Un hecho inaudito, pues era la primera vez en el mundo que una mujer ejercía como abogada ante un tribunal militar. En ese mismo año de 1930 verá la luz su obra El gran collar de la justicia: doctrina y polémica (Madrid).

*     *     *

Caída la monarquía tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, Albornoz fue elegido luego diputado por Asturias en las celebradas el 28 de junio a Cortes Constituyentes de la República, formando parte de la candidatura conjunta republicano-socialista. Alcanzó 81.549 votos, el 65 % de los votantes y el tercer puesto de una candidatura de doce miembros. Junto con él, salieron elegidos por nuestra región: Leopoldo Alas, José Díaz Fernández y el médico Carlos Martínez. También consiguió acta por la provincia de Zaragoza, si bien renunció a ella. La campaña de los dirigentes radical-socialistas contra los reformistas en Asturias fue ciertamente violenta, no escatimándose injurias ni calumnias. Algunos estudiosos han querido ver, detrás tales hechos, la instigación de Albornoz. A nivel nacional, de 470 diputados, los radical-socialistas obtuvieron 59 escaños (otras fuentes señalan 55). Como se ve, de la cárcel a una resuelta gloria. De este modo llegó Albornoz hasta la Segunda República.

Indudablemente, Albornoz fue una destacada figura  del nuevo régimen y, desde el parlamento y el gobierno, intervino en numerosos proyectos y decisiones adoptadas en los primeros tiempos de la República. Sus intervenciones en los debates parlamentarios fueron también llamativas, y sus declaraciones públicas causaron más de un trastorno a los gobiernos de Azaña, quien llegó a decir, en cierta ocasión, refiriéndose a su soltura y  locuacidad: “en quince minutos puede destruir lo que yo he logrado en un año”.

De la lectura del Diario de Sesiones (legislatura 1931-1933) se desprende una imagen de exaltado, de ser partidario de convertir la Cámara en una Convención, no en vano se sabía la revolución francesa de memoria. En la minibiografía que se recoge el final del tomo segundo de Acotaciones de un oyente (1931-1933) de Wenceslao Fernández Flórez se puede leer: “Su significación política tiene el carácter de un jacobinismo rancio y hueco, alimentado con lecturas históricas, pero muy poco acorde con las realidades vivas”. Lo cierto es que, por ejemplo, tuvo una labor destacada en la redacción del proyecto de Reforma Agraria con propuestas avanzadas que rayaban los postulados marxistas pero también la pura propaganda, pues tales intenciones no se concretaron luego.

Albornoz formó parte del Gobierno Provisional de la República que presidió Niceto Alcalá-Zamora, conforme al decreto de 14 de abril que le dio estatuto jurídico. Ocupó el Ministerio de Fomento  -tras renunciar al cargo de concejal del Ayuntamiento de Madrid, en cuyas listas también había sido elegido por el distrito de La Inclusa-,  durante un etapa corta,  que va del propio día 14 de abril al día 14 de octubre de 1931, y que se prolonga  -al ser ratificado por Azaña en el cargo-  desde dicho día al 16 de diciembre del citado año, es decir, en los dos primeros gobiernos provisionales. Relevaba en el cargo a Juan de la Cierva y Peñafiel. En el primer periodo indicado fue sustituido de forma interina en cuatro ocasiones por altos cargos de su propio departamento. 

Se da la curiosa circunstancia de que el nombramiento de Albornoz apareció en la Gaceta hasta en tres ocasiones, pues hubo de rectificarse para subsanar defectos formales.  

Álvaro de Albornoz, en su despacho ministerial
Dicho Ministerio de Fomento, en aquel gobierno inicial y provisional, asumía en principio las competencias propias de un ministerio de Obras Públicas además de las de Agricultura.

Tras ser nombrado como titular del departamento, en sucesivos decretos inmediatos se procedió al designación de Félix Gordón Ordás, como subsecretario de Industria y Fomento, y al mismo tiempo director general de Minas y Combustibles (más adelante lo sería de Ganadería); de José Salmerón García, como director general de Obras Públicas; y de José María Jiménez Quintana, al frente de la dirección general de Montes, Pesca y Caza. El gabinete del Ministerio de Fomento se creará por orden de 31 de octubre.

En principio, tiempo insuficiente en el cargo como para poder realizar una labor destacada como ministro. Por si ello fuese poco, dispuso de un escaso presupuesto, lo que motivó la suspensión de obras de determinados ferrocarriles y carreteras -ya en construcción-, los trabajos de las confederaciones hidrográficas (luego llamadas mancomunidades hidrográficas), y también la crítica del propio Azaña.

No obstante, ocho meses de gestión sí le permitieron revisar muchas disposiciones dictadas por Primo de Rivera. En ese sentido, mediante una orden de 29 de abril, se nombró una comisión general y tres subcomisiones para el examen de la obra legislativa de la Dictadura en lo relativo al Ministerio de Fomento.  

Mundo Gráfico, 13/05/1931

El primer acto público importante al que acudió Albornoz como ministro fue el homenaje que se le tributó a su maestro y mentor Clarín en la capital asturiana, con la inauguración de un monumento en el Campo de San Francisco, el domingo día 3 de mayo. Acto sentimental de gran significación política, que se desarrolló en jornada desapacible. En el teatro Campoamor pronunciaron discursos el rector Isaac Galcerán, el alcalde Luis Laredo, y el ministro  -que evocó la figura de Clarín- con una intervención emotiva, dando las gracias finalmente Leopoldo Alas Argüelles, hijo del homenajeado. De aquella jornada memorable dio cuenta detallada El Noroeste gijonés (05/05/1931), que dirigía todavía Antonio L. Oliveros. También presidió Albornoz otro homenaje al general Riego en Tuña (Tineo), a finales de septiembre del mismo año, acto de indudable afirmación republicana.

Albornoz, siendo ministro de Fomento, visitó con frecuencia distintas localidades de Asturias, para reunirse con sus correligionarios, atender asuntos de su departamento -principalmente derivados del conflicto ferroviario de aquel momento-  o, simplemente, de carácter particular o familiar. Al final de las visitas, solía partir para Madrid o se dirigía a Luarca para pasar unos días de descanso. En los viajes le acompañaban Pepín Fernández Díaz (periodista y luego diputado), que hacía las veces de jefe de prensa; su yerno y secretario particular Segovia; y su hijo, el ingeniero Álvaro de Albornoz.

Al frente del departamento ministerial, una de las medidas más polémicas que tomó fue la creación por decreto de 30 de mayo de 1931 de una dirección general de Ganadería e Industrias Pecuarias, completada mediante otro decreto de 21 de julio, por el cual se transfería la Cría Caballar del ministerio de la Guerra a Fomento, y de esa forma se concentraban todos los servicios ganaderos en su Ministerio. Decisión problemática, pues había competencias que seguían perteneciendo al Ministerio de Economía, dándose el caso pintoresco  -con la entrada en vigor del dichoso decreto-  de que los ingenieros agrónomos continuaron adscritos a Economía mientras los denominados “ingenieros pecuarios” a Fomento. De tal manera, como explica Juan Pan-Montojo, Albornoz daba satisfacción a las peticiones de uno de los líderes de su partido e importante figura de la veterinaria española, Félix Gordón Ordás, que a la sazón ocupaba la subsecretaría del Ministerio, como hemos dicho. Tal decreto tuvo en contra a la pertinente Comisión del Congreso, pero ésta hubo de ceder a los deseos del ministro valdesano pues Albornoz amenazó con provocar una crisis de gobierno. La nueva dirección general constituyó, no obstante, la opera prima en lo que a la profesión veterinaria se refiere. Gordón ocupó la titularidad de tal dirección general.

Ha de precisarse, llegados aquí, que hasta el decreto de 16 de diciembre de 1931, disponiendo que el Ministerio de Economía Nacional se denominase en lo sucesivo de Agricultura, Industria y Comercio, hubo competencias de agricultura  -por poner un ejemplo-  repartidas entre Fomento (Albornoz) y Economía (Nicolau d´Olwer). Sorprendentemente, nos encontramos igualmente con el hecho de que  -seguimos con los ejemplos-  la iniciativa en la creación de la Comisión Técnica Agraria encargada de elaborar el primer proyecto de Reforma Agraria correspondió al Ministerio de Justicia, cuyo titular era entonces Fernando de los Ríos. También fue competencia de este ministerio el decreto de revisión de rentas, mientras que la regulación del trabajo agrario correspondió al Ministerio de Trabajo. Lo que denota y refleja la provisionalidad de un régimen todavía en estado semi-campamental, de inestabilidad política, debida a un pluripartidismo inarticulado, al decir del profesor Manuel Ramírez. Habrá que esperar al desarrollo de la Constitución para poner orden en la construcción de la administración pública republicana, tal como ha estudiado José Canales Aliende.

Albornoz intervino también en la preparación de un plan de nacionalización de los ferrocarriles, que preveía la agrupación de líneas y reducción del número de compañías;  en otro de política de repoblación forestal; y en un polémico decreto de alquileres.
Llevó a cabo bastantes remodelaciones en el personal a su cargo, como  -por ejemplo-  el rápido cese, mediante una orden de 17 de agosto, del competentísimo ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Manuel Lorenzo Pardo (1881-1953)  -y por tanto el desmantelamiento de sus planes, que parece ser rompían las fronteras de las “regiones históricas”-, quien estaba al frente de la Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro. Actitud hostil de Albornoz hoy todavía inexplicable. Ingeniero, no obstante, rescatado luego por Indalecio Prieto, como ministro de Obras Públicas (ministerio creado el 31 de diciembre de 1931), que lo nombró director general de Obras Hidráulicas, no sin fuerte discusión con Albornoz en un tenso consejo de ministros celebrado a comienzos de marzo de 1932.

Precisa el profesor Ricardo Robledo que el paso de Albornoz por el Ministerio de Fomento coincidió con la discusión de los diversos proyectos de Reforma Agraria y, dado el significativo paro entre el campesinado, propuso diversos programas de obras públicas para paliarlo.

Era extendida entonces la idea de que Fomento era una cartera que no funcionaba, pese a los propósitos del titular, quien intentó llevar a cabo el ideario de su partido (obra de Gordón Ordás y publicado en septiembre de 1930) a la administración pública, en el sentido de acabar con el “burocratismo jerarquizado” y pasar a una “organización de tipo sindical” supeditada a la eficacia y a la rapidez en el despacho de los asuntos.  Vano intento, puesto que tanto Alcalá-Zamora, como Miguel Maura y el propio Marcelino Domingo, expresaron opiniones en términos muy duros sobre su gestión, que recogió Azaña en las memorias políticas (02/10/1931). El jefe de gobierno no estaba muy conforme con su ministro, con su trabajo y con la preparación que hacía de los temas a tratar en los consejos de ministros.

Gordón Ordás y Albornoz flanquean a Prieto en la toma de posesión
de éste como ministro de Obras Públicas
Marcelino Domingo  -quien sustituyó de alguna forma en el cargo a Albornoz al ocuparse del denominado Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, el 16 de diciembre-, llegó a afirmar que Albornoz había fracasado como ministro de Fomento hasta un extremo rayano en lo cómico, y censuraba frecuentemente los desmanes que consentía a su secretario Pérez-Madrigal. Lo llamativo –visto en perspectiva histórica-  es que el mismo Marcelino Domingo  -que se sentía más cercano de Azaña que de su propio partido-  tampoco tuvo demasiado éxito como ministro.

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En la repetida fecha de 16 de diciembre de 1931, formando parte del Gobierno presidido por Azaña, nacido a partir de la conocida “crisis de diciembre”, pasó a ser ministro de Justicia durante el bienio republicano-socialista. En concreto hasta el día 14 de julio de 1933.

Acabar con los “desaguisados” de Albornoz, pero al mismo tiempo no disgustar al Partido Rapublicano Radical Socialista, fue lo que llevó a Manuel Azaña a nombrarle ministro de Justicia, donde probablemente su formación era más adecuada que para llevar Fomento, según el profesor Ricardo Robledo.

Albornoz contaba entonces con cincuenta y dos años y sucedía en el cargo al socialista Fernando de los Ríos Urruti. Mientras fue ministro, el bufete de abogado  -que llevaba junto con el correligionario Juan Botella Asensi (1884-1942)-  fue manejado por Virgilio Botella Pastor, hijo del anterior.

Desde el Ministerio de Justicia fueron numerosas las disposiciones aprobadas que obviamente derivaron del minucioso texto constitucional, en cuyo título VIII se hacía referencia a la administración de Justicia. Una de sus principales tareas consistió en la puesta en práctica del laicismo constitucional, que venía a completar el proceso iniciado con los primeros decretos del Gobierno Provisional y que pretendía responder también a los acuerdos aprobados en el tenso congreso de su formación política, celebrado en Madrid a fines de mayo de 1931, que marcó la línea del partido y la posición que debía adoptarse en las Cortes constituyentes.

Código constitucional que, por ejemplo, regulaba  en los artículos 26, 27 y 70 determinados aspectos religiosos muy concretos o que aparecían como pensados expresamente para su inmediato desarrollo. Gran error, a mi juicio, al constitucionalizar el problema religioso. El talante, las ideas y los proyectos de Albornoz relacionados con su tarea en el departamento ministerial quedaron reflejados  -más adelante-  en el discurso de apertura de los Tribunales, de 15 de septiembre de 1932, que versó sobre la revolución española y la Justicia o, dicho de otra manera, sobre la nueva organización de la Justicia en España y su necesidad. En su intervención se lee: “Hemos vivido, señores, y estamos viviendo aún un proceso revolucionario”. 


Aunque sea un poco cansado debemos enumerar las disposiciones más notables salidas de su Ministerio, que contó con los dictámenes preceptivos de las pertinentes comisiones técnicas o de la Comisión Jurídica Asesora, en varios casos. No está demás apuntar que la República creó numerosos órganos consultivos.

Sobre materia judicial, por decreto de 20 de abril de 1932 dictará normas para cubrir por concurso las vacantes en la carrera, sistema que fue bien acogido; por el decreto de 3 de mayo fueron ampliados a veintiuno el número de Juzgados de Madrid y a seis en Barcelona; por decreto de 7 de mayo se unificó en una sola categoría a  todos los Magistrados  -encargo de Azaña-, como antes se había hecho con los jueces; y el 8 de septiembre se dictó otro por el que se autorizó a jubilar anticipadamente a los funcionarios de Justicia por su actuación, es decir, como sanción política. En el fondo, medida consecuente con el propio ideario del programa radical-socialista de septiembre de 1930 sobre la revocabilidad y responsabilidad de todos los funcionarios. Al abrigo de esta disposición fueron separados más de un centenar de jueces y fiscales, lo que supuso las protestas de la Junta General del Colegio de Abogados de Madrid el 12 de noviembre de 1932, presidida por el gijonés Melquíades Álvarez, que pidió la expulsión del colegiado Álvaro de Albornoz. Así mismo, los estudiantes de Derecho, y de otras facultades, de varias Universidades (Zaragoza, Granada,…) se declararon en huelga como protesta por las jubilaciones forzosas de magistrados y jueces decretadas por el ministro luarqués.

Por ley de 18 de octubre del mismo año se precisaron las normas para el nombramiento de Presidente del Tribunal Supremo. Además, Albornoz presentó a las Cortes proyectos para organizar y establecer Juzgados comarcales y de paz; o para establecer el Tribunal de Garantías Constitucionales, pieza importante del andamiaje del estado azañista y antecedente del Tribunal Constitucional actual, proyecto llevado a las Cortes el día 23 de diciembre de 1932 conforme a los señalado en el artículo 122 de la Constitución republicana; tribunal que fue regulado  -más tarde-  por Ley Orgánica de 14 de junio de 1933, para limar las incongruencias del texto. Estaba llamado a conocer los recursos de inconstitucionalidad de las leyes, el de amparo, los conflictos competitivos entre regiones y entre regiones y Estado, el examen y aprobación de los poderes de los compromisarios llamados a elegir al Presidente del Consejo y ministros y, finalmente, la responsabilidad criminal del presidente y los magistrados del Tribunal Supremo y del Fiscal de la República. Su primer presidente fue el propio Álvaro de Albornoz, que soñaba con el cargo, pese a calificarlo de “artilugio” y pese a que demostró a las Cortes su desconfianza hacia la viabilidad de un modelo de defensa jurisdiccional del texto constitucional, ya que postulaba abiertamente un modelo de defensa política de la Constitución apoyado sobre la figura del presidente de la República.

En materia propiamente religiosa, que era competencia del Ministerio de Justicia, cabe citar  -y seguimos a Juan Francisco Lasso Gaite-  la ley de 30 de enero de 1932 sobre secularización de cementerios católicos, que originó viva polémica y laboriosa discusión, pues impuso el cementerio único y dificultaba la ceremonia católica de enterramiento; el decreto de 23 de enero del mismo año –en base al desdichado artículo 26 de la Constitución-  por el cual fue disuelta la Compañía de Jesús (tras un debate parlamentario muy agitado), desarticulando su patrimonio e incautándose de los bienes (los cuales serían afectados a fines de beneficencia), expulsando de España a sus miembros y prohibiendo a la Compañía el ejercicio de la enseñanza, tras lo cual se creó un patronato de Incautación de los Bienes de los Jesuitas (nacionalización), adscrito a la Presidencia del gobierno republicano (23/02/1932); la orden de 10 de febrero de 1932 que implantó el matrimonio civil facultativo y que, por tanto, suprimió el requisito de catolicidad para el matrimonio; y otro proyecto de ley, de 21 de diciembre  -leído en las Cortes, pero no debatido-, mediante el cual se aprobaba la extinción  -en un plazo máximo de dos años- del presupuesto de Culto y Clero,  que  rondaba unos 35 millones de pesetas. Con la ley de 2 de junio de 1933 (Gaceta del 3) fue regulado el reconocimiento de las Confesiones y Congregaciones religiosas, dictada en ejecución de los artículos 26 y 27 de la Constitución de 1931. La votación nominal del pertinente proyecto de ley tuvo lugar el 17 de mayo, que quedó aprobado por 178 votos a favor y 50 en contra. Pero el debate estaba al margen del parlamento. Según el profesor Manuel Ramírez, esta ley fue una de las piezas fundamentales en el ambiente de batalla en que, en la mayoría de los casos, vivió la República.

En tales disposiciones resplandece el acendrado anticlericalismo  -y afán secularizador-  de don Álvaro. A propósito de la Ley de Congregaciones, llegó a confesar a Fernando de los Ríos que estaba “harto de curas y frailes”, pues pretendía una República sin religiosos. Enemigo declarado del jesuitismo, se sentía “insecticida de todo lo que corra con sotana”, escribió Giménez Caballero al respecto.

Sobre derecho matrimonial, mencionaremos la ley de 26 de junio de 1932, reguladora del matrimonio civil, único reconocido, que obligaba a quienes se casaran  -siguiendo sus creencias religiosas- a pasar después por el juzgado para dar validez legal a su unión; y la reguladora de 2 de marzo del mismo año  -cuyo largo texto apareció en la Gaceta del día 11- que introdujo el divorcio vincular absoluto, después de examinada por las Cortes desde el día 3 de febrero y aprobada el 25, tras obtener 260 votos a favor y 23 en contra. Dicha ley  -basada en un proyecto de Fernando de los Ríos cuando ocupaba el Ministerio de Justicia- fue modificada poco después, el 11 de septiembre, y era la consecuencia lógica y obligada de la separación de la Iglesia  -hasta entonces la llave de las almas y de las aulas-  y el Estado, en virtud del desarrollo del artículo 43 de la Constitución.

Por su parte, la orden de 14 de julio de ese año 1932 se ocupó de la inscripción de los matrimonios civiles y su celebración. Así mismo, en el mes de diciembre siguiente, se elaboró un proyecto sobre investigación de la paternidad.

En otro orden de cosas, por decreto de 2 de junio de 1933 se fijaron las excepciones a la prórroga del arrendamiento urbano, a cuya materia se había referido un decreto de 29 de diciembre anterior; y de arrendamientos rústicos tratará también otro decreto salido del ministerio de Albornoz.

Conocedor de la profesión de abogado, el ministro luarqués va a corregir algunos defectos o lagunas en materia procesal, mediante los decretos de 9 de octubre de 1932 sobre la redacción de las actas del juicio oral; o referidas a las sentencias penales por orden de 5 de abril del mismo año. Por las leyes de 24 y 28 de junio de 1933, reformará el artículo 954, y otros, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la casación penal.

También se prepararon o dictaron, durante su mandato, piezas normativas sobre la creación del Instituto de Estudios Penales, la reorganización del Tribunal Tutelar de Menores de Madrid, la ley de responsabilidad criminal del Presidente de la República, la ley de Inspección de Tribunales y la reforma  -con rango de ley-  del Código Penal (27/10/1932), que comportó la supresión de la pena de muerte.


Un capítulo aparte –dentro de la gestión de Albornoz-  merece el nombramiento de Victoria Kent Siano al frente de la Dirección General de Prisiones, que estuvo siempre marcada por la polémica, sobremanera en los primeros meses de 1932. Una labor de intenciones reformadoras que tropezó con las protestas de los funcionarios de prisiones, al mismo tiempo que se producían graves problemas disciplinarios en las cárceles. Criticada por los propios republicanos, Victoria Kent presentó la dimisión en mayo de aquel año, que fue aceptada por Albornoz el día 4 de junio. Una decisión que generó opiniones encontradas. Mientras unos resaltaron su labor  -es el caso del diputado socialista balear Alejandro Jaume Rosselló- y achacaron el origen de su renuncia a factores externos y a los espíritus que no entendieron sus reformas, para Azaña había fracasado:

“Demasiado humanitaria, no ha tenido, por compensación, dotes de mando. El estado de las prisiones es alarmante. No hay disciplina. Los presos se fugan cuando quieren. Hace ya muchos días que estamos para convencer a su ministro, Albornoz, de que debe sustituirla…”

*     *     *

En fin, como fácilmente se deduce de lo dicho, en el bagaje de la gestión ministerial de Albornoz cuentan las más importantes leyes laicas de la República, que defendió con elocuencia  -a veces con celo doctrinario propio de cruzados-  desde el banco azul de las Cortes. Albornoz, al igual que otros muchos intelectuales y prohombres republicanos, identificaba la suerte de la Iglesia y de la religión en España con la monarquía y con la Dictadura de Primo. Se empañaba en salvar a todo trance del pecado monárquico a los españoles. Así pasó a la Historia y así pasó al magnífico lienzo que retrata al óleo su figura, debido al pintor Luis Quintanilla Isasi, y que se halla colgado en el Archivo del Ministerio de Justicia de Madrid.

Fue, en ese sentido, consecuente con el ideario radical de laicismo y reforma social, de claras influencias en el solidarismo francés, que recogían las bases programáticas del Partido Republicano Radical Socialista,  publicadas  -como se ha dicho-  en septiembre de 1930. La autojustificación de su labor sobre estos asuntos político-eclesiásticos aparecerá poco más tarde en la interesante recopilación de cinco discursos: La política religiosa de la República (Madrid, 1935), donde hace balance de la actuación como parlamentario y sale en defensa de una obra de gobierno, a la par que admite, en parte, el fracaso del radical-socialismo en estos temas, al no prevalecer en el texto constitucional las máximas aspiraciones de su programa. El libro causó revuelo, puesto que como apéndice reprodujo unos cuantos documentos tomados del Patronato incautador, que no tenían otro objetivo –según el historiador jesuita Alfredo Verdoy-  que frenar la devolución de los bienes a los jesuitas y obstaculizar al propio patronato para que no siguiese dictaminando y resolviendo más reclamaciones.

Durante esos años en el poder, fue secretario suyo el pintoresco periodista  -también masón- Joaquín Pérez-Madrigal, autor luego -en nueve volúmenes-  de unas curiosas Memorias de un converso. 

Como no podía ser de otra manera, muchos de los proyectos y disposiciones legales del Ministerio de Albornoz, fueron duramente contestados. No en vano,  la legislación aprobada durante su mandato  -que se complementaba con las medidas de laicización emprendidas por el departamento de Instrucción Pública-  privó al clero regular de derechos reconocidos, en principio, a todos los ciudadanos. Obviamente, la derecha sociológica no sólo discrepó siempre de sus argumentos, sino del modo de exponerlos con su mordaz oratoria, tildada de “calderilla”. Tanto el ABC, como Informaciones o El Debate dieron una batalla feroz contra la política anticlerical y de secularización del político valdesano. En ocasiones, la respuesta gubernamental fue la censura de prensa y la suspensión temporal, en un ambiente  -no lo olvidemos-  de frecuentes desmanes antirreligiosos.  

Las leyes del matrimonio civil y del divorcio levantaron la mayor hostilidad por parte de la Iglesia, que consideraba la unión civil una “barraganía y concubinato” y veía en la del divorcio el fin de “las grandes virtudes de la raza” donde los pueblos “se enlodan chapuzando en los barrizales de la lujuria”, en expresión del entonces obispo de Tarazona Isidro Gomá y Tomás. El gorro frigio y la mitra frente a frente.

A las máximas instituciones republicanas y al propio ministerio de Albornoz  -que, por su parte, se jactaba de haber recibido miles de telegramas de felicitación por alguna de sus medidas-  llegaron numerosos escritos de profundo descontento contra la política religiosa, que sin duda era alentada por presión especial del PRRS. No está de más recordar que la mayoría de la ciudadanía española era católica. El propio Unamuno consideró justa la protesta del episcopado español a propósito de las limitaciones sobre asociaciones religiosas y libertad de enseñanza. Los socialistas, matizaron también su anticlericalismo, deseando que la República y la religión fueran “absolutamente compatibles”.

Casimiro Cienfuegos Rico
por Paulino Vicente (1945)
Pero el conflicto, motivado por la ofensiva laicista, también se vivió “desde abajo”. En Luarca, su villa natal, fue muy mal aceptado el proyecto de ley referente a la regulación de  las Congregaciones religiosas. La prensa de primero de junio de 1933 recogía la noticia de que más de dos mil vecinos luarqueses habían dirigido al presidente de la República un telegrama en el que le recomendaban que devolviera al Parlamento la “sectaria ley de Congregaciones”, que tan hondamente hería el sentimiento religioso de la mayoría. Firmaba el texto el poeta Casimiro Cienfuegos Rico, en nombre de Acción Popular, Acción Católica, Conferencias de San Vicente de Paúl, Hijas de María y Terciarios Franciscanos. De nuevo España contra España.

Y lo que para unos era un exceso para otros no era suficiente. Algunas decisiones y posicionamientos de Albornoz  -y también de su compañero en el gabinete Marcelino Domingo- fueron consideradas templadas, a partir de 1932, por diversos correligionarios: Juan Botella Asensi y Eduardo Ortega y Gasset, entre otros, lo que les supuso la expulsión del Partido Republicano Radical Socialista. Llama la atención, en ese sentido de discrepancia, que cuando el general Sanjurjo fue condenado a muerte tras capitanear la sublevación del 10 de agosto, Domingo y Albornoz se mostraran partidarios del indulto, mientras el grupo parlamentario radical-socialista acordaba aceptar la ejecución de la sentencia de pena de muerte. El mismo grupo parlamentario discrepó abiertamente de los ministros radical-socialistas cuando, tras los sucesos de Casas Viejas (que tuvieron lugar entre el 10 y el 12 de enero de 1933), éstos se negaron a dimitir. Albornoz estuvo a punto de hacerlo, aunque se encontró entre la espada -mejor dicho, la pistola-  y la pared.

A mi entender, el ardoroso Álvaro de Albornoz realizó una labor interesante al frente del Ministerio de Justicia, de profundo valor simbólico, no falto de polémica; y si hubiese acertado en armonizar las leyes laicas con la educación política y la psicología del pueblo español, su gestión hubiese sido más considerada, entonces y ahora.

Creo que, aunque la exclusiva de la exageración no fue privativa de Albornoz, una fórmula de concordia o de “culta tolerancia” le hubiese dado mejor prensa en la época. Faltó prudencia y un cierto grado de pragmatismo con aspiraciones de mayor consenso social; así se desprende de la lectura de las jugosas  Memorias de Azaña, que reconocerá como una de las causas del fracaso republicano la línea seguida en materia religiosa.

No obstante, las más importantes leyes religiosas de la República quedaron sin efecto práctico, pues en el siguiente bienio radical-cedista se restableció el presupuesto de clases pasivas del clero y se devolvieron a los jesuitas los bienes incautados. Tampoco se cumplió la disposición que prohibía a las órdenes religiosas el ejercicio de la enseñanza. La rectificación de la República, se ha escrito.  

Pero si el destino de la Segunda República se decidió en terrenos alejados del religioso, lo cierto es que en él  -parafraseamos a Antonio Manuel Moral Roncal- se originará la movilización del mundo católico y, paralelamente, una sorprendente emergencia de las derechas españolas en un periodo de tiempo muy corto.


En día 14 de julio de 1933 Albornoz dejó el ministerio y fue elegido  -tal era su pretensión- primer presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales por un periodo de diez años, con el apoyo de socialistas  -dudosos al principio-  y radical-socialistas. Obtuvo 204 votos frente a los 80 de José Ortega y Gasset. Ello, a pesar de las reticencias de Azaña y del influyente rotativo El Sol.

Aquel verano ocupó interinamente –hasta el 12 de septiembre- el cargo de Ministro de Justicia Santiago Casares Quiroga, que lo era de Gobernación, uno de los personajes con historia más triste en los años republicanos, pero que siempre contó con la confianza y apoyo de Azaña, al decir del profesor Manuel Ramírez.  

*     *     *

En el ejercicio del poder siempre se cometen pecados, veniales o capitales. Las sombras forman parte del retrato. Mismamente, el enchufismo y la “burocracia monárquica”  -que Albornoz tanto reprochará en la época tardía del régimen alfonsino-  serán ejercidos sin los debidos cuidados en su época ministerial. Obran el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca (hoy llamado engañosamente Centro Documental de la Memoria Histórica) infinitas cartas suyas de recomendación dirigidas, como ministro de Fomento o Justicia, al Director General de Seguridad (Ángel Galarza) o al ministerio de Marcelino Domingo, especialmente para puestos –previa oposición o sin ella-  en Correos y Telégrafos, Policía y otros departamentos de la administración del Estado. Algunas resueltas en un sentido y otras en otro, por impedirlo taxativamente las disposiciones legales, pero que son pruebas incontestables  que dan idea del ambiente que imperaba en los ministerios al llegar la tan deseada República. El objetivo parece claro: crear o mantener clientelas políticas. La República sí heredó algunos de los peores vicios del reinado de Alfonso XIII… y hasta hoy.

El propio Miguel Maura Gamazo  -encargado de la cartera de Gobernación- refleja en las páginas de su conocida obra memorialista Así cayó Alfonso XIII… (Edición de Barcelona, 1995) una realidad no muy diferente a lo que contamos. Hay un pasaje en el que comenta que en los primeros tiempos del régimen republicano no era fácil encontrar personas afines capaces de llevar con eficacia los destinos de los gobiernos civiles de las provincias.  Los partidos republicanos, a través de los ministros respectivos, entregaban al de Gobernación la lista de los miembros de cada uno de ellos que se consideraban aptos para desempeñar el cargo. Tales listas se formaban teniendo en cuenta no la capacidad cultural y temperamental del interesado, sino sus servicios a la causa, su veteranía republicana y, por descontado, su amistad con el ministro proponente.

Como muestra, menciona el caso  -indescriptible por cómico y triste a la vez-  de un recomendado de Álvaro de Albornoz, un castizo madrileño, sin estudios, cuyo padre era conocido por Dantón  “porque hablaba muy bien, ¿sabe usted?” Había estado en la cárcel por “arrear un leñazo a un guardia que a poco le desplomo para toda la vida”, y pedía ser gobernador de Segovia porque un amigo suyo tenía en la ciudad una casa de bebidas “y los veranos vamos allí a pasar dos semanas y lo pasamos muy bien. Y ahora, con esto de los gobernadores, pues hablé con don Álvaro y le dije a ver si podía ser, porque desde el cargo podía ayudar a un amigo, que quiere establecerse arriba, en la Plaza, y poner ya un café serio, ¿sabe?”. Albornoz le había dicho que para el cargo necesitaba “de mano izquierda y de quinqué –señalando el ojo con el índice-“, y de quinqué él tenía de sobra, como buen hijo del barrio de la Latina. Albornoz, al conocer luego sus palabras “se retorcía de risa, exclamando: “¡Es magnífico ese hombre, es magnífico! Tengo que felicitarle”, esa gente  -le hacía saber a Miguel Maura- “es utilísima y hace republicanos con sus entusiasmos. Son como misioneros”. Maura  -viejo monárquico en odre republicano-  concluyó el dialogo secamente: “Querido Álvaro, vive usted, como siempre, en la Vía Láctea. En todo caso mientras yo esté en Gobernación, ese hijo de Dantón no sale de la Latina a desplomar guardias y menos de misionero a provincias”. Al menos para Miguel Maura las cartas de la baraja republicana no eran todas ases. Sobran los comentarios sobre este relato vivo, probablemente exagerado.

Sin duda, examinar la evolución de los gobernadores republicanos  -tal como ha hecho Diego Cucalón Vela, al que seguimos- es fundamental para medir la situación de las provincias, los gobiernos y los partidos políticos que los formaron. Por ello, son significativos los gobernadores del Partido Republicano Radical Socialista (PRRS), dada la naturaleza particular de esta formación y su relevancia entre abril de 1931 y noviembre de 1933.

No debe extrañarnos que Domingo y Albornoz, por ser los únicos ministros y los líderes del partido, premiasen a viejas lealtades que habían colaborado en actuaciones políticas, periodísticas o conspirativas antes de la llegada del nuevo régimen. Todos los partidos lo hicieron. El PRRS contaba con abundante “cantera”. Así, durante dicho primer Gobierno Provisional, veintiuno fueron los gobernadores radical-socialistas nombrados en dieciséis provincias; cuatro nombramientos para cuatro provincias se produjeron en el segundo Gobierno Provisional; en el periodo del primer Gobierno Constitucional dispuso de treinta y un gobernadores nombrados para un total de veintiuna provincias; en el segundo Gobierno Constitucional solamente siete nombramientos para siete provincias; y en el tercero cinco para cinco provincias. Antes de romperse el partido en dos y del descalabro electoral de 1933. Son cálculos del citado Diego Cucalón.

En realidad, la trayectoria de los gobernadores radicales socialistas fue un reflejo de las problemáticas de la República: localismos, conflictividad, ley electoral, fragmentación, caciquismo y personalismos.

Entre otros muchos personajes, fueron gobernadores de militancia radical-socialista: Alicio Garcitoral, José María Friera Jacoby, Adolfo Alas Argüelles, Rafael Bosque, y José Alonso Mallol. Todos ellos vinculados a Asturias, de alguna u otra manera.
Marcelino Domingo
Retrato de Bernardino de Pantorba (1935)
En las elecciones de noviembre de 1933 las izquierdas y el republicanismo burgués fracasaron estrepitosamente. El Partido Republicano Radical Socialista hubo de contentarse con el 2% de los votos a nivel nacional. Como consecuencia, un grupo minoritario del Partido Radical Socialista  -partidario de mantener la colación con el PSOE- y liderado por Domingo y Galarza, con Albornoz en la sombra, fundaron el PRRS Independiente, de efímera existencia, para acabar fusionándose el 3 de abril de 1934 con Acción Republicana y la ORGA de Casares Quiroga, formando el nuevo partido Izquierda Republicana, bajo la presidencia incuestionable de Manuel Azaña.

Albornoz, que no salió reelegido diputado a Cortes, poco a poco se había ido apartando de la dirección política partidaria en razón de su cargo institucional (presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales), aunque se sintió identificado con la nueva formación (en la que ingresará más adelante), que heredaba de alguna manera los principios radical-socialistas. En realidad, en la relación de don Álvaro con Manuel Azaña  destacó siempre la mutua desconfianza.

Y pese a tener el apoyo incondicional del nuevo presidente de Gobierno, Alejandro Lerroux, que le había prometido, además, el traslado del Tribunal de Garantías Constitucionales al Palacio del Senado, dimitió de la presidencia de tan alta institución el 5 de octubre de 1934, al considerar que ocupaban el Gobierno hombres y partidos que habían combatido la Constitución. Efectivamente, cuando el 4 de octubre Lerroux invitó a la CEDA a entrar en el gobierno, Albornoz dirigió una comunicación al Presidente de del Congreso de los Diputados, presentando su renuncia a la presidencia de tan alto Tribunal. En la carta, que se conserva en el Archivo de las Cortes y que entonces no fue publicada, manifestaba: “me falta la convicción necesaria para permanecer en ese puesto desde el momento en que el Gobierno que ha de aplicar la Constitución se confía a hombres que la han combatido, que no la han votado y que sistemáticamente han pretendido desconocerla”. Fue sustituido por el radical Fernando Gasset.

Luis de Zulueta, embajador en Berlín, y Domingo Barnés, embajador en México, abandonaron también sus cargos por incompatibilidad con el nuevo ejecutivo.

Lógicamente, puede entenderse como un pretexto, pues la causa de la renuncia de Albornoz tenía que ver más con la posición de minoría de la coalición gubernamental en el Tribunal –tras la polémica elección de los vocales regionales (fundamentalmente por votación de ayuntamientos)  el día 3 de septiembre de 1933-, lo que provocó, por cierto, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones por parte de Alcalá-Zamora; y –seguimos- con el clima enrarecido del momento que derivó en los lamentables y trágicos sucesos de aquel triste octubre. Sin duda, el Tribunal se tendría que implicar en la arena política a raíz de los sucesos revolucionarios. Albornoz había sido elegido por las Cortes el día 3 de julio de 1933, constituyéndose el Tribunal el día 2 de septiembre de dicho año. El Tribunal inauguró su actuación pública en junio de 1934 con la presentación del recurso de inconstitucionalidad de la ley catalana de contratos de cultivo. Se iniciaba así el contencioso entre la Generalidad y el gobierno de la República.

Tras la fractura de octubre y con nuevas elecciones en el horizonte, Albornoz será entonces uno de los forjadores de la idea de constituir un amplio polo electoral de centro-izquierda en una sola formación política, frente a la estrategia de Manuel Azaña, que pretendía que Izquierda Republicana fuese sólo una coalición de izquierdas. Gestiones que Albornoz iniciará en reunión celebrada el último día de 1934. En relación con ello, dará a la luz el libro Al servicio de República. De la Unión Republicana al Frente Popular. Criterios de Gobierno (Madrid, 1936), que recoge una serie de interesantes conferencias y discursos  -sobre temas candentes- pronunciados en diversos lugares durante el año anterior (Badajoz, Madrid, Valladolid, Albacete, Valencia, Jerez de los Caballeros y en Málaga, que fue prohibida), con el recuerdo permanente de los sucesos del año 34 y la consiguiente represión.

Albornoz fue elegido diputado por Asturias en las elecciones de 1936, como republicano independiente en la candidatura del Frente de Izquierdas o Frente Popular, recibiendo el mayor número de votos: 71.241, el 52,96% de los votantes, y resultando el más votado de los trece miembros de la candidatura. Poco después, en el mes de abril, tras la polémica destitución de Niceto Alcalá-Zamora, el ala izquierda del PSOE parece ser que sugirió su nombre para presidente de la República, en oposición al de Azaña.

Pero la guerra civil  -producto de la fiebre de la actividad política de entonces-  trastornó los planes de todos. Había muerto la República por la que tanto había luchado.

*     *     *

El día 27 de julio de 1936  -al poco del alzamiento insurgente- se incorporó al puesto de embajador de la República Española en París, para el que había sido nombrado el día 4 de julio  (Gaceta del día 23) por el entonces presidente del Gobierno José Giral. Tuvo que lidiar con una situación para la cual no estaba preparado. Permaneció en el cargo hasta el 20 de septiembre (fecha de la Gaceta) siendo sustituido por Luis Araquistáin. Volvió a la España en llamas. Tras la guerra y pasadas sus veleidades revolucionarias marchó al exilio.


Luego de una corta estancia en la Cuba de Batista, se estableció en México (1940). En octubre de 1940 fue uno de los fundadores de Acción Republicana Democrática Española (ARDE), y en noviembre de 1943 se integró en la comisión ejecutiva de la Junta Española de Liberación (JEL), como representante de Izquierda Republicana. Álvaro de Albornoz pasó a ser una especie de representante del legitimismo republicano.

Participó en los Gobiernos de Giral que intentaban reconstruir las instituciones republicanas en el exterior. Fue ministro de Justicia desde agosto de 1945 a febrero de 1947, en representación de Izquierda Republicana. Luego, él mismo, fue el Presidente del Gobierno de la República Española en el exilio, desde agosto de 1947 al 13 de agosto de 1951 (otros autores precisan otra fecha), en dos gobiernos sucesivos. Durante su primer mandato  -de agosto de 1947 a febrero de 1949- Albornoz ostentó la Presidencia del Consejo y la cartera de Estado. Martínez Barrio le encargó nuevamente el gobierno a Álvaro de Albornoz en febrero de 1949. Su composición fue hecha sin acuerdo previo entre partidos, y Albornoz siguió ocupando, también, el ministerio de Estado. En esos años, se enfrentó a la posición defendida por Indalecio Prieto de colaboración con los monárquicos de Juan de Borbón, que tenían en Gil-Robles su negociador.

Fracaso tras fracaso fue languideciendo la esperanza republicana española al vaivén de la situación internacional. Albornoz -que se sintió deslegitimado en aquella travesía del desierto-  presentó la dimisión al presidente de la República el día 30 de noviembre de aquel año. A petición de Martínez Barrio, Albornoz continuó en una situación anómala a la cabeza efectiva del gobierno hasta el 8 de julio de 1951, en que presentó definitivamente la renuncia de su gabinete a través de una carta enviada desde México, a donde se había trasladado. Albornoz deseaba que las instituciones republicanas  -instaladas en Francia-  se trasplantasen al país azteca. La percepción del no regreso. El intento de perdurar la Segunda República  -que se confundía con sus hombres-  era una tarea ingenuamente prometeica.

J. Álvarez del Vayo, Álvaro de Albornoz y el mexicano Luis Padilla Nervo
 en Naciones Unidas (New York, 16-05-1949) [Archivo Jesús Mella]
Albornoz falleció en la capital mejicana el día 22 de octubre de 1954, y allí reposan sus restos. No llegó a ver, pues,  publicados los escritos que los amigos, como homenaje a su figura, dieron a luz en el volumen titulado Semblanzas españolas (México, 1955), y en el que don Álvaro ajustaba cuentas con alguno de sus antiguos enemigos políticos  -caso de Alcalá-Zamora o Manuel Azaña- desde una actitud noble: de olvido, de perdón y de reconocimiento de sus virtudes.

El socialista Andrés Saborit Colomer, en el capítulo titulado “Albornoz y el marxismo” de su libro póstumo Galería de personajes (1998), refiriéndose al republicano luarqués, concluye con las siguientes palabras:

“Este materialista, zaherido implacablemente por todas las reatas del idealismo convencional, vivió como un asceta, murió en la miseria y sus huesos yacen en una tumba casi ignorada.”

Parece que así fue, pues el historiador Javier Tusell dejó escrito que cuando falleció, tres años después, “había en su casa una fortuna de 14 pesos y para enterrarlo hubo de recurrirse a la generosidad de un amigo”.

*     *     *

Fue Álvaro de Albornoz un personaje contradictorio. Figura alabada por unos y detestada por otros, siempre fue elemento de controversia y objeto de discrepancia en las valoraciones. Alejandro Lerroux, que lo conoció bien, dejó escrito lo siguiente:

“Era un hombre honrado, que vivía imbuido en una especie de escafandra de espejos. Se encontraba a sí mismo, y a nadie más que a él, donde quiera que volviese la mirada. Y no veía otra cosa, ni oía otra cosa que su propia voz. Un sonámbulo, político de café, que todo lo sabe por epígrafes.”


De él, al juzgarlo con ligereza y sin fundamento, llegó a difundirse durante mucho tiempo una imagen deformada que bordeaba en ocasiones la caricatura: ridículamente serio y empeñado en lo que no le correspondía, tal como lo pintaron determinados semanarios satírico-burlescos de la época (Gracia y Justicia, Gutiérrez, etc.) Apto para arrastrar las masas pero malo para gobernar un país.

Entre otras lindezas le llamaron “Don Álvaro o la fuerza del si no lo veo no lo creo” y “Don Álvaro Neptuno”, como responsable que era de los servicios hidráulicos en su condición de ministro de Fomento en el Gobierno Provisional. También le dedicaron numerosas coplas y versos, del tipo:

“Hay albornoces de abrigo / de entretiempo y de verano; / albornoces para el agua / y albornoces de secano”.

Por el contrario, un buen amigo de don Álvaro, el periodista de Puerto de Vega y director muchos años del periódico melquiadista de Gijón, El Noroeste, a pesar de las desavenencias políticas en muchos momentos, no deja de valorarlo positivamente. Dice Antonio L. Oliveros en su insuperable obra Asturias en el resurgimiento español de 1935:

“Sea cual sea la opinión que merezca Álvaro de Albornoz como ministro de los primeros Gobierno de la República, tengo que reconocer aquí que de los propagandistas revolucionarios que actuaron en Asturias durante los años de Dictadura, fue él quien se condujo después consecuente con sus predicaciones y su conducta personal de entonces.”

Según relata el propio Oliveros, había conocido a Albornoz en el año de 1916, cuando los reformistas quisieron designarlo candidato a diputado a Cortes por Gijón. Luego siguió cultivando su amistad en escapadas en Madrid y en las tertulias vespertinas del café Negresco. No oculta su simpatía personal hacia él nacida de su carácter:

“…hombre inteligente, modesto, afable, siente la democracia y la libertad con hondo fervor. Desde sus tiempos de Estudiante en Oviedo se distinguió por su republicanismo ardoroso, que propagaba incansablemente desde la tribuna y el periódico. Su posición espiritual y su rebeldía indomable contra las instituciones políticas monárquicas perjudicaron su profesión de abogado, vivida con grandes apuros económicos, en tal extremo que hasta la madurez es su existencia un penoso camino a prueba de abnegaciones. No creo que se haya tramado complot revolucionario alguno en España contra el borbonismo en los últimos treinta años en el que Albornoz no haya tomado parte. Durante la Dictadura le acompañé algunas veces en sus recorridos de propaganda revolucionaria por Asturias, y en todos oí vibrar su palabra de cálida emoción republicana, como si le saltase el espíritu por los labios en estallidos de sinceridad. No bastándole el periódico y la tribuna para hacer llegar su voz al pueblo, acudió al libro, y enriqueció las letras españolas con una bibliografía política sobre el movimiento liberal revolucionario del siglo XIX que es muy instructiva. Por último, y ya en las postrimerías de la Dictadura, fundo con Botella Asensi, Salmerón y Marcelino Domingo el partido radical-socialista, al que yo, por corresponder a los generosos entusiasmos republicanos de Albornoz, presté desde El Noroeste ayuda, a fin de que arraigase en la juventud rebelde de Asturias”.

Antonio L. Oliveros no volvería a ver a Albornoz hasta el otoño de 1933, en el Palacio de Justicia de Madrid, donde el luarqués desempeñaba el más alto tribunal de la nación: el de Garantías Constitucionales. Pero Oliveros ve al mismo Albornoz de siempre, no se le han subido los cargos: cordial, modesto, sencillo, y con los mismos ideales y la misma conducta política rectilínea con que surgió a la vida política. Oliveros es consciente de que la obra legislativa de Albornoz, sus leyes fundamentales del nuevo régimen han levantado olas de pasión, convirtiéndole en el hombre más discutido y acaso el más odiado de la República. Pero Oliveros apostilla:

“El odio a Albornoz es, de parte de los sectores de opinión derechista, el odio al laicismo. No discuto que Albornoz haya extremado este laicismo convirtiéndolo en instrumento de persecución sectaria; y eso se lo censuro, como censuro todo sectarismo. Admítase, sin embargo, que la República significa el resurgimiento de España a la plenitud de su soberanía, o sea de su personalidad jurídica, y que sin las leyes laicas de Albornoz, depuradas de extremismos persecutorios, aquélla carecería de contenido y de consistencia. Con Albornoz se acusa de nuevo la influencia de Asturias en el resurgimiento político español, muy digno esta vez de un examen sereno, tan distante de los apasionamientos de los unos y de los otros, como de las apreciaciones que merezcan los hombres representativos por sus errores, debilidades, defectos y pasiones”.

En fin, un examen sereno es lo que también he pretendido en mi  intervención, lo que no excluye la subjetividad inherente a cualquier análisis. En todo caso procurando encajar la figura de un exagerado Albornoz, modelo de político vocacional, en su tiempo, en el pasado, que suele ser un territorio en conflicto.

 * Texto in extenso de la conferencia.

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70 años después, envuelta en una bandera republicana  
 
 
A fondo. VICTORIA KENT [28 ENERO 1979]
Joaquín Soler Serrano entrevista a la política y abogada Victoria Kent